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  • La cruz y la espada
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 Por Enrique Miguel Sánchez Motos

La tormenta en Cataluña en lugar de amainar se intensifica. El secesionismo aún no ha visto firmeza suficiente como para detener sus actuaciones ilegales. Las próximas semanas darán muy probable y lamentablemente testimonio de ello.

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¿Cuál es la estrategia secesionista? Tiene un objetivo claro: convertir a Cataluña en un Estado, después vendrán los Países Catalanes, rompiendo la unidad de la España democrática. ¿Cómo lo pretenden hacer? Mediante un proceso unilateral al margen del estado de derecho. El secesionismo es consciente de que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y de que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española”. También sabe que los procedimientos legales de reforma de la constitución se encuentran detallados en el título X. Sin embargo, ha optado por un proceso gradual de creación de un contexto antiespañol y favorable al independentismo.

Los nacionalistas en los años 1977, 1979 y 1982 no llegaban ni al 30% de los votantes catalanes. No obstante, han ido creciendo hasta llegar, en las últimas autonómicas a captar el 48,3% del voto. Diversos gobiernos del PSOE y PP, cuando se hallaban en minoría, mendigaron el apoyo de los secesionistas para poder gobernar y a cambio de ello fueron cediendo competencias y posibilitaron al secesionismo apoderarse de las instituciones públicas territoriales. De esta forma España ha ido siendo poco a poco eliminada de Cataluña por la Generalitat catalana, la cual, mediante el control de la enseñanza, las subvenciones culturales, los medios de comunicación públicos y el poder de todo el aparato administrativo, ha ido haciendo doblegarse a los ciudadanos y empresas catalanas.

Después, cuando ya ha creído que el contexto le era suficientemente favorable ha plantado cara al Estado. Primero con la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, y luego, en 2017, con toda la panoplia de aprobación de las inconstitucionales leyes de desconexión, seguidas del referéndum de 1 de octubre y finalmente con la ratificación el 27 de octubre de la Declaración unilateral de independencia. El Govern y Parlament de la Generalitat eran claros conocedores de la inconstitucionalidad de estas actuaciones. Sus propios servicios jurídicos les habían avisado y recibieron instrucciones explícitas por parte del Tribunal Constitucional. No obstante, los golpistas del Govern y del Parlament tuvieron un comportamiento absolutamente inconstitucional amparado por movilizaciones populares para impedir a las fuerzas de orden público obedecer las órdenes de los jueces de obtener información o de cerrar colegios electorales abiertos en desacato a las instrucciones recibidas. Por su parte, los Mossos recibieron instrucciones de hacer gala de una gran pasividad cuando no de complicidad con el golpismo y estorbando o en el mejor de los casos sin ayudar en forma alguna a la Guardia Civil y Policía Nacional. En suma, los separatistas incurrieron, conscientes de lo que hacían, en presuntos delitos de rebelión, sedición, prevaricación, malversación y desobediencia, tipificados en nuestro Código  Penal vigente.

El Estado reaccionó ante esa agresión, en gran medida por la actuación de la Justicia, seguida por el Senado, que autorizó la aplicación del 155 en aras de la defensa del interés general, y por el Ejecutivo que ha realizado una muy pacata utilización de los poderes que le fueron concedidos para gobernar la Administración de la Generalitat. Los ciudadanos han desautorizado en las últimas elecciones y en las encuestas posteriores la actuación del Ejecutivo.

¿Cuál es hoy la estrategia del secesionismo? No ha renunciado ni a su objetivo ni a sus métodos. No ha hecho ningún reconocimiento de que su comportamiento haya sido erróneo ni de que pretendan rectificar en el futuro. Cabe por tanto inferir que van a seguir por la misma línea e intentar recabar apoyos internacionales, sobre un tema interno en el que España no debe aceptar intromisiones que ningún país europeo aceptaría. Los separatistas pretenden un diálogo político con el Estado, no dentro del Estado, de igual a igual. Eso sería intolerable. Equivaldría a poner al Estado al margen del imperio de la ley.

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Ante esta grave situación, los tres poderes del Estado deben actuar. El Judicial, para garantizar la aplicación de la legalidad vigente, y el Ejecutivo y el Legislativo cada uno en su propio ámbito. Es necesario que los partidos políticos, que lideran o forman parte del Ejecutivo y del Legislativo, definan estrategias integrales de actuación para que los votantes sepamos donde quieren ir y cómo. En particular, es necesario que el españolismo democrático y constitucional de una respuesta estratégica clara y precisa: El objetivo marco de mantener la unidad de España y la convivencia democrática no es negociable. Pero no basta ya con retroceder a la situación en que estábamos hace dos, tres o más años. El veneno del conflicto se ha inoculado poco a poco desde los inicios de nuestra etapa democrática y ahora ha explotado. Numerosos ciudadanos se han indignado, como reflejan las ventanas llenas de banderas españolas, cosa impensable hace apenas un año. Las redes sociales expresan múltiples condenas al secesionismo y adláteres y reclaman que se adopte una solución que garantice la convivencia de una vez por todas. Es necesario que se diseñe una estrategia de acciones que pueda revertir la situación actual y que se enfrente a las causas que han llevado a ello. Cabría sugerir tres grandes ejes estratégicos de actuación:

Primer eje, apoyar decididamente la aplicación del Estado de Derecho, aportando la colaboración y medios que precise la Justicia para que se llegue a la mayor brevedad a dictar sentencia sobre los hechos ocurridos.

Segundo eje, desmontar la creación de una cultura de odio a España, que ha sido el principal ariete del separatismo. Para ello habría que actuar en varias líneas estratégicas principales. Una, la lengua como vehículo de comunicación y convivencia y nunca de discriminación. El deber de conocer y el derecho constitucional de usar la lengua común requiere que el castellano o español sea vehicular en la enseñanza en toda España y además de uso normal en las relaciones con las administraciones, así como en las empresas y en los medios de comunicación. El catalán tendría en Cataluña igualdad que el castellano, no pudiendo haber discriminación alguna en trato, subvenciones o ayudas por razón de lengua. No se concederían ayudas públicas para acciones culturales que fomenten el odio mediante argumentos presuntamente identitarios. Dos, la enseñanza debería tener un contenido unificado a nivel de toda España para evitar tendenciosas interpretaciones, en particular en temas sensibles como la historia o la geografía. Tres, los medios de comunicación públicos deberían usar con normalidad y equilibrio ambas lenguas en las autonomías bilingües. Cuatro, el respeto inequívoco a los símbolos de España.

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Tercer eje, resaltar el papel coordinador del Estado, lo que no impediría la gestión territorialmente descentralizada. Varias líneas estratégicas caben en este eje. Una, el Estado recuperaría la gestión y el control de los Mossos, que quedarían integrados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la finalidad de evitar riesgos y malentendidos. Dos, unificación de los cuerpos principales de funcionarios públicos para que su selección se haga con los mismos criterios, aunque pudiera ser realizada de forma territorialmente descentralizada, si así se acuerda. Tres, acciones que faciliten la relación y conocimiento mutuo entre los ciudadanos de los distintos territorios, por ejemplo, algún tipo de Erasmus a nivel nacional o inclusive la creación de un Servicio Nacional Voluntario, de carácter civil y/o militar.

La agresión que el separatismo ha realizado contra España, ha servido  para despertarnos a todos del buenismo con el que se diseñó y aprobó la Constitución. Por ello, la estrategia que ahora se sugiere es extensible, en sus aspectos principales, a todas las Autonomías. España reclama la armonización autonómica. Es necesario un proceso de armonización paulatino por sectores para garantizar la libre circulación de personas y mercancías, la simplificación normativa para evitar cargas adicionales a empresas y ciudadanos y la igualdad básica de derechos de los ciudadanos en todo el Estado. El estado de las Autonomías se enfrenta a un reto histórico. O sabe armonizarse y orientarse hacia la convivencia y la españolidad, sin que ello excluya posibles particularidades territoriales derivadas fundamentalmente del hecho diferencial de la lengua, o se transformará en un Estado unitario, con cierta descentralización y por supuesto también con respeto a esos hechos diferenciales. Lo que no va a ser posible es que España se fragmente. Podría dar lugar a una hecatombe. La claridad de ideas y el sentido común son las mejores herramientas para evitarlo.

¡Visca Espanya y viva Cataluña!

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 Por Enrique Miguel Sánchez Motos (Administrador Civil del Estado)

https://www.radioya.es/11720174/Estrategia-espanolista-versus-estrategia- separatista.html
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/74450/analisis-y-opinion/estrategia- espanolista-versus-estrategia-separatista.html