• La cruz y la espada
Israel, el pueblo de Dios, se relacionó de un modo singular con las naciones vecinas. Sólo Israel había recibido la ley revelada por Dios: una ley absolutamente transparente, los 10 mandamientos. Y era Dios mismo, el soberano de Israel. En eso eran únicos.

Sin embargo, había algo que los Israelitas sí querían imitar: los demás países tenían un rey. Hubo un momento en que exigieron al profeta Samuel: ¡Danos un rey! Cuando consultó con el Señor, escuchó Samuel: Han pedido un rey… vamos a darles un rey. Pero Dios también les advirtió: ¡Tanto el pueblo como su rey tienen un Rey en el Cielo! El bienestar de la nación entera depende de la obediencia que tanto el rey como su pueblo presten al Rey del Cielo. (cf.1 Samuel 8:1-22 y 12:13-15.)

Jesucristo expresó la misma convicción en Mateo 22,15-22. Cuando alguien le preguntó si debían pagarse los impuestos al Cesar, Jesús preguntó de quién eran la imagen y la inscripción grabadas en las monedas. “Del César”, fue la respuesta. El Señor dijo entonces: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.

La moneda pertenece al César puesto que lleva la imagen del César; pero los seres humanos pertenecen a Dios, son sus criaturas ¡porque llevan grabada en sus almas la imagen de Dios! Y esa imagen la lleva también el propio gobernante. Por lo cual, “Lo que le pertenece a Dios” incluye al propio César: por eso ¡el César debe obedecer a Dios!

Tanto el pasaje de Samuel como el del Evangelio de San Mateo nos enseñan lo que el Concilio Vaticano II comentó extensamente: que la separación entre Iglesia y Estado no significa separación entre Dios y el Estado. O mejor dicho, entre Dios y el hombre, por más que éste se organice en Estado. Si el hombre se separa de Dios, se descabeza. Si el Estado se separa de Dios, se desintegra.

Aunque la Iglesia no tiene una misión política (es decir de la organización administrativa de la sociedad), sí tiene una responsabilidad política: velar por la salud espiritual de la sociedad, de la “polis” y dar testimonio de las verdades morales sin las cuales el bien común, que debería ser el objetivo de todo gobierno, no puede subsistir. Estas son verdades morales básicas comunes a toda denominación cristiana. Son los principios innegociables que expresó con valentía Benedicto XVI:

La sacralidad e inviolabilidad de la persona humana desde su concepción hasta su muerte natural.

La defensa del matrimonio natural (formado por un hombre y una mujer) y de la familia.

La libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones, sin interferencias estatales que coarten este derecho.

El bien común, obligación irrenunciable de todo Estado y de todo gobierno legítimo.

Precisamente por ser verdades absolutas y no exclusivas de la Iglesia, por ser de orden natural, deben servir de base para las políticas oficiales.

No sólo los individuos tienen la obligación de obedecer a Dios individualmente, sino también cuando se organizan en forma de gobierno. Es más, el Pueblo de Dios no pierde su ciudadanía en la tierra por estar tramitando su ciudadanía del cielo (cf. Flp. 3:20). En todo caso, nuestra fe en el  Reino del Cielo hace que nuestro interés en la tierra aumente en lugar de disminuir. ¿Por qué? Porque todo el bien que hacemos en la tierra no se pierde en el otro mundo, sino más bien permanece y llega a su plenitud. Y aún hay más: en la medida en que nos esforzamos en ganarnos el cielo, en esa misma medida estamos ya convirtiendo la vida en la tierra en un anticipo del cielo. ¿Acaso es éste un motivo de poca monta para que el César le dé a Dios lo que es de Dios?

Los cristianos de todas las denominaciones tienen la obligación de influir con su voto en cristiano, eligiendo representantes que se comprometan a defender los valores cristianos en su actuación política. Los católicos tenemos la obligación moral de aglutinar el voto católico para que nuestros valores se conviertan en un verdadero atractivo para políticos que aspiren a representarnos. Tenemos la obligación moral de presionar y educar a los candidatos primero, y luego a los diputados electos, mostrando la fuerza de un voto católico maduro que  habla sin rubor de los problemas que afectan al bienestar público, y haciéndolo desde la perspectiva católica.

Los Obispos de los Estados Unidos lo expresaron así: En la tradición católica, la ciudadanía es una virtud; la participación en el proceso político es una obligación. No somos una secta apartada del mundo, somos una comunidad de fieles llamados a renovar la faz de la tierra. No es misión de la Iglesia poner las urnas para votar; pero sí que lo es recordar a todos sus miembros, que también ante las urnas seguimos siendo miembros de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. Si desde nuestra identidad católica no presionamos empezando por las urnas para moldear las políticas oficiales de acuerdo con las verdades morales y los principios innegociables… ¿acaso seremos creíbles cuando afirmemos con acento persuasivo que ésos son nuestros principios? Más aún, ¿tendremos derecho a quejarnos de que nuestros gobernantes no tienen principios, si nosotros actuamos también como si no los tuviésemos?

Este es el momento, y he aquí el reto. No podemos seguir pensando que nuestra fe es tan solo una “cuestión personal e íntima”. Jesucristo enseñó en público y fue crucificado en público. Ahora resucitado, Él nos coloca en la palestra pública y nos ordena hacer discípulos en todas las naciones (Mateo 28:18-20) para que la gloriosa libertad de los hijos de Dios alcance a todos los hombres. No podemos fallarle ni a Él ni a nuestra nación.

 

  • La cruz y la espada
Custodio Ballester Bielsa, pbro. (Sacerdotes por la Vida)